Solidaridad a Europa y no en España

El Mundo, 18 de abril de 2020, p. 40

El autor cree justo y más eficaz que en la UE se acaben acordando fórmulas de ‘mutualización condicionada’ de la deuda.

Durante estos años de bonanza, los estados europeos del Sur hemos vivido por encima de nuestros medios. Ahora que hemos de incurrir en gastos enormes para paliar los efectos de la pandemia, proponemos que la Unión Europea emita “eurobonos”, títulos de deuda pública que, llegado el caso, habrían de pagar todos los estados miembros del euro.

Con esa deuda mutualizada no sólo nos financiaríamos a bajo interés, como ya hacemos mediante las compras masivas de deuda pública por el BCE. Además, la emisión de eurobonos nos permitiría violar nuestras obligaciones de estabilidad presupuestaria.

Los estados del Norte fueron más prudentes. Al tener pocas deudas, se permiten generosos paquetes de ayuda a sus ciudadanos. Rechazan de plano los eurobonos porque, al ser los países más solventes, vendrían a ser sus avalistas. Temen que perderían poder negociador y que, tarde o temprano, acabarían pagándolos.

Están dispuestos a ayudarnos con condiciones: quieren que nos endeudemos, pero respetando el pacto de estabilidad, o incluso que, excepto para los gastos de la pandemia, hayamos de recurrir al fondo de rescate, que exige recortar gasto público y acometer reformas estructurales.

Tanto los recortes como las reformas son necesarias porque no podemos seguir gastando más de lo que producimos: o gastamos menos o nos reformamos para producir más. Pero, con su habitual miopía, el votante español las rechaza de plano, por muy beneficiosas que sean en el futuro. Por eso asustan a los gobernantes de todos los partidos. Sería necesario un Gobierno capaz de decirnos la verdad y atender al bien común a largo plazo.

Por desgracia, ni siquiera queremos saber la verdad, cuanto más mirar al largo plazo. Con la misma cara que decretamos una moratoria hipotecaria por la mañana pedimos mutualizar riesgos bancarios por la tarde. Luego, ya de noche, nos ofendemos —es en lo único que nos mostramos unidos— cuando un ministro holandés nos acusa, con razón, de incurrir en “riesgo moral”. (Concepto éste de nombre equívoco que proviene del inglés moral hazard y describe el cambio que se suele observar en la conducta humana en ausencia de incentivos correctores. Por ejemplo, un país cuyos bancos no se hunden porque el BCE se ha comprometido a financiarlos tiende a ser menos precavido respecto a su posible hundimiento y opta por aliviar las deudas de aquellos deudores a los que desea favorecer).

Como en 2012, estamos condenados a una inútil discusión con los países del Norte en la que perdemos un tiempo precioso para acabar aceptando las condiciones iniciales más o menos disfrazadas, pero cuando nuestra situación ya es desesperada. Mientras tanto, nuestros políticos coquetean con el populismo antieuropeo. Mejor sería asumir que no se puede actuar hoy con frivolidad para pedir solidaridad mañana. Es de frívolos que hayamos pasado los años de bonanza sin reducir la deuda pública, y, además, no para invertir sino para lujos, como aumentar los sueldos públicos. De no haber sido la pandemia, cualquier otra crisis nos hubiera puesto en un trance apurado. En este sentido, la epidemia no es especial. El riesgo moral reside en no haber sido precavidos.

Tampoco es de recibo pedir que se comparta el coste entre los europeos cuando no lo hacemos entre los propios españoles. La mitad o más de nuestro sector público está inactivo. Sin embargo, cuando escribo estas líneas el Gobierno no le ha impuesto aún ni un solo sacrificio con el que podría haber financiado parte de las ayudas que tanto regatea al sector privado.

Incluso es injusto y maniqueo el reparto de costes que pretende hacer el Gobierno dentro del sector privado. Se le llena la boca hablando de que sus medidas protegen a consumidores, trabajadores y personas vulnerables, pero lo hace alterando los contratos a costa de bancos, empresas y empresarios. Ese reparto asimétrico de costes va a llevar a muchas empresas a la quiebra, con lo que el beneficio para sus empleados se demostrará falso. Su sectarismo queda de relieve en que ha olvidado a los más de tres millones de autónomos, la mayoría de ellos trabajadores a quienes nuestra ley laboral ha forzado a disfrazar sus modestos empleos como empresas.

Ni mucho menos podemos comparar la respuesta del Norte europeo con el egoísmo separatista. Tampoco procede compararla con los EEUU, cuya Constitución, lo mismo que la española, comporta reglas muy diferentes de las que establecen los acuerdos europeos.

Quienes proponen tales comparaciones desvelan, como nuestros separatistas, lo poco que entienden el estado de derecho, pues pretenden hacer de la UE lo que no es —lo que los estados miembros no han pactado—. El error es grave porque los países que ahora exigen mutualizar riesgos son justamente aquellos que menos han cumplido el pacto de estabilidad y, por tanto, las reglas que sí han pactado. Al apelar a una idea romántica de nación europea pretenden esconder el uso interesado de sus socios para infringir el acuerdo constitucional de la UE.

Eso no evita que en su versión extrema cualquiera de las opciones que se plantean para la UE —con más o menos mutualización de riesgos— implique heridas graves. Pero se trata de heridas simétricas, muy moralistas y cargadas de emociones. Cuanto menos se mutualizan los riesgos, más nos sentimos abandonados en el Sur. Pero cuanto más se mutualizan los riesgos, más se sienten estafados en el Norte. Si no se curan, ambas heridas pueden liquidar la UE en sendas olas de populismo y nacionalismo.

El conflicto tiene una matriz cultural que también sugiere cómo resolverlo. Pocos europeos practican sus religiones tradicionales pero sus valores siguen arraigados en ellas. Como mostramos en “Religion and the European Union”, subyace aquí el viejo conflicto entre los valores propios del antiguo laxismo “católico”, que suele perdonar en exceso, con los del rigorismo “protestante” que tiende a castigar en demasía.

En la pasada crisis, fuimos capaces de articular soluciones híbridas, que, por ser intermedias e imperfectas, no dejaron contento a nadie. Sin embargo, supieron conjugar esos valores opuestos, y hasta ahora han sido efectivas. Acabaremos pactando fórmulas similares, de “mutualización condicionada”. Su clave no es pasar de la emoción a la razón —ambas presentes en las dos concepciones— sino ponderar sus cuatro componentes: los racionales, que llevan al norteño a ahorrar a priori y al sureño a chantajearle a posteriori, con los emocionales, que empujan al sureño a derrochar antes y al norteño a castigarle después.

Los españoles hemos de entender cuál es nuestra posición y nuestra fuerza, pero también nuestra debilidad. De lo contrario, acabaremos mal. En el mejor de los casos, haremos las reformas tarde, cuando no nos quede otro remedio y sean mucho más dolorosas. En el peor, si se rompiera la UE, no las haríamos nunca. Tendríamos entonces mucha suerte si evitáramos convertirnos en una Venezuela sin petróleo.

Cierto que ahora mismo, en medio de la pandemia, es difícil hacer reformas. Pero nuestra historia demuestra que sólo nos reformamos en lo más profundo de nuestras crisis. Desde ya, deberíamos, al menos, señalar que sabemos cuál es el camino correcto, en vez de promover las bajas pasiones del populismo antieuropeo. Urge ayudar a los más afectados por la pandemia, pero deberemos abordar recortes de gasto y reformas que en todo caso serán inevitables para cubrir parte de esas ayudas. La crisis no puede recaer sólo sobre los más débiles —autónomos y trabajadores temporales del sector privado—. Recortes y reformas señalarían nuestra voluntad de enmienda a nuestros socios europeos. Y también nuestra solidaridad: no tiene sentido pedirla a los extranjeros cuando, de hecho, no la practicamos entre nosotros.

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