Una España de saldos y sueños

Publicado, con diversas modificaciones no autorizadas por el autor, en El Periódico el 26 de noviembre de 2013 (suplemento Valor, pp. 6-7).

Los inversores extranjeros han vuelto a comprar activos españoles, desde inmuebles a acciones. La Bolsa ha subido un 19% en el último año, el Tesoro ha reducido casi a la mitad su prima de riesgo y la probabilidad de que dejemos de pagar la deuda pública, que era del 43% en julio de 2012, ha caído al 13%.

A los precios actuales, nuestros activos son una ganga, sobre todo las grandes empresas con tecnología o poder de mercado, y, aunque siguen siendo arriesgados, el inversor internacional posee una cartera diversificada globalmente, por lo que no le preocupa el riesgo de cada inversión sino sólo su rentabilidad esperada.

Pero a los españoles sí debe preocuparnos nuestro riesgo, y ese 13% deja claro que no inspiramos confianza. Solemos olvidar que la aparente recuperación de nuestra solvencia obedece casi por entero a la actuación del BCE. Sólo tenemos crédito en el BCE, y, a medio y largo plazo, su continuidad y nuestro bienestar dependen de que nos reformemos de verdad y seamos más productivos.

Por ahora, hemos dado señales contradictorias. Cierto que la empresa privada competitiva se ha reestructurado radicalmente, como confirma el aumento de las exportaciones.

Pero el sector público y los sectores monopolistas y protegidos han hecho las reformas justas para que nuestros socios europeos nos den crédito. Hemos reforzado así una “dualidad” aberrante: la mitad del país trabaja en competencia y la mitad en monopolio.

El sector público sigue gastando por encima de nuestras posibilidades y acumulando una deuda cada vez más pesada. Se ha limitado a recortar sueldos y empleo interino, sin suprimir niveles administrativos, fusionar órganos ni cerrar servicios inútiles para concentrarse en los necesarios. Y sus responsables aún deciden en función de oportunismos políticos y presupuestarios: sin atender a la eficiencia o el bienestar social, mantienen canonjías y sopas bobas, congelan sueldos, y recortan gastos o aplazan pagos allí donde la reacción de los afectados sirve mejor sus intereses.

Las reformas estructurales se han quedado cortas. La laboral nos deja con un régimen que es aún más rígido que los vigentes en el resto de Europa. Y la recapitalización de las cajas empieza a verse como insuficiente.
Otras reformas apenas si se han planteado. La distribución, que sería capaz de atraer inversión y crear empleo con rapidez, sigue sufriendo reglas medievales de horarios y licencias. Y las privatizaciones, o no se hacen o se diseñan, como la de AENA, para perpetuar el monopolio y el control político.

Lo que es más grave, otras medidas han empeorado el entorno empresarial. No sólo no hemos reducido las cargas sociales, sino que hemos elevado los impuestos directos, que desincentivan el empleo y la inversión en capital humano. Lo mismo que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el más alto de Europa y que incluso desde un objetivo recaudatorio convendría reducir, dada la parálisis del mercado inmobiliario. Una miopía recaudatoria en la que no sólo incurren las autonomías, al subir el ITP, sino todas las administraciones: el Gobierno subió las tasas aeroportuarias cuando los aeropuertos ya estaban infrautilizados.

Con ser dañinos, estos errores son más fáciles de corregir que los que cuestionan el estado de derecho. Por ejemplo, el cambio retroactivo en la regulación energética, o las medidas populistas a favor de los deudores actuales, en virtud de las cuales todas las hipotecas futuras han perdido mucho de su valor como garantía, lo que ha encarecido y limitado el crédito. Hoy se hacen ya pocas hipotecas sobre inmuebles que no sean de propiedad bancaria. Nadie presta si cree que no va a cobrar; pero, en vez de reconocerlo, extendemos la burocracia y hacemos propaganda de que “fluye el crédito”.

Estos errores no obedecen a fallos del sistema político, que creo transmite bien nuestros deseos; eso sí, construidos pésimamente, con ocultaciones y propaganda. Faltan y fallan las reformas porque así lo queremos, porque somos conservadores y dados a inventarnos excusas y a creer en soluciones mágicas. Todos sabemos que nuestro “estado de bienestar” es insostenible, pero acusamos de desmantelarlo a quien apenas intenta una racionalización que sólo introduciría estándares europeos de corresponsabilidad. Y ello cuando no nos dedicamos a hacer creer al votante que su bienestar sí sería sostenible con meros retoques de la fiscalidad o las instituciones políticas.

En resumen, hacemos esfuerzos ímprobos para no afrontar la realidad. Entra inversión exterior porque nos rescataron y estamos de saldo. Pero España necesitaría mucha más inversión, y, para atraerla, hemos de asegurar que sea rentable. No lo hacemos cuando, en vez de reformarnos, enterramos la cabeza en la arena o la ocupamos en ensoñaciones. Tampoco cuando creamos inseguridad jurídica al hacer que todo tipo de contratos, desde las hipotecas a la propia Constitución, estén sujetos a interpretaciones populistas y cambiantes.

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