Las crisis españolas

English translation

“En España no hay una crisis, sino tres: la económica, la institucional y la de valores. Sólo veo motivos para el optimismo en la calidad del individuo, en la existencia de personas competitivas, con espíritu ganador y sin miras provincianas, como Nadal, Gasol o Alonso”.

 

La Granda (Gozón). La deformación profesional del economista Benito Arruñada queda reflejada en la peculiar forma de narrar el robo de un paraguas del que fue víctima recientemente en Oviedo, un hecho que ayer definió en los cursos de verano de La Granda, de los que fue ponente, como «ineficiente», un término habitual de la jerga económica. Pero ¿cómo puede ser un robo ineficiente?, se le preguntó: «Porque se trataba de un paraguas de viaje plegable que al estar incompleto (el caco no se llevó la funda) no tendrá utilidad para el ladrón», fue su respuesta. La anécdota dio pie a reflexiones de más enjundia, como las que siguen.

-¿Por qué si nos roban un paraguas o la cartera pillamos un enfado monumental y cuando son los gobernantes de turno los que malgastan, despilfarran o incluso roban nuestros dineros -recaudados vía impuestos- apenas le damos importancia o incluso lo disculpamos?

-Buena pregunta, ¿tiene respuesta para ella?

-Bien, por una parte sospecho que tiene que ver con la falta de conciencia sobre el uso que se hace de nuestros impuestos, incluso la existencia de una percepción generalizada y perversa de que no los pagamos; esto es una consecuencia de la gran opacidad en todo lo que tiene que ver con los hechos tributarios. En España, a diferencia de países como Estados Unidos, los impuestos, lejos de hacerlos evidentes, se tratan de camuflar: ocurre con el IVA, que va repercutido en el precio sin apenas diferenciación expresa; con los carburantes -¿cuántas personas saben que el 48 por ciento del precio de la gasolina es gravamen fiscal?-, o con el impuesto de la renta, hábilmente manipulado por la Administración para que, aplicando unas mayores retenciones a cuenta, a la inmensa mayoría de los contribuyentes le salga una liquidación negativa (a devolver). De este modo, la gente se hace a la idea de que Hacienda le devuelve ciento y pico euros, pero en muchos casos se ignora que, realmente, lo que ocurre es que pagamos a lo largo del año varios cientos más. Otra razón que, a mi juicio, explica el trato magnánimo que damos a nuestros políticos es la enraizada culturalidad católica de España.

-Explíquese, por favor.

-A diferencia de Estados Unidos, con una base cultural de corte calvinista, o los países de influencia protestante, en España, por nuestras fuertes raíces católicas, tendemos a ser más tolerantes con el fraude, generamos corrientes de comprensión y perdonamos a quien lo hace mal o delinque, pienso en casos de gran eco mediático como Farruquito o el muy reciente de la enfermera de Rayan, y existe un rechazo frontal a la competencia porque ser competitivos implica una mayor carga de responsabilidad. Yo no creo que haya una crisis, sino tres: está la económica, indudablemente, pero esa quizá no sea la peor; peor pinta tienen la crisis institucional y la de valores. Tres crisis en una, como una matrioska rusa.

-Según las encuestas sociológicas, la crisis económica preocupa a los españoles, pero en menor medida que a los vecinos de nuestro entorno… ¿Acaso por inconsciencia?

-Efectivamente, hacemos como el avestruz, que mete la cabeza bajo tierra cuando se siente en peligro. ¿Por qué? Pues porque el Estado funciona como anestesista y tiene bien engrasada la maquinaria propagandística -para más inri financiada con nuestros impuestos-, porque existe un modelo de familia protectora y por aquello de que ojos que no ven…

-Pero crisis hay, ¿no?

-España estaba en crisis mucho antes de 2008. Los problemas son viejos y amenazan con perdurar muchas décadas más. Por eso se está agrandando la brecha que nos separa, en términos de convergencia, de los países europeos más desarrollados. Esto es la consecuencia de que estos últimos años España ha hecho el golfo, basando la ilusión de la convergencia con Europa en la venta de empresas públicas en una coyuntura alcista, la recepción de ayudas comunitarias y un endeudamiento desmesurado. Para convergencia verdadera, la que logró Irlanda; España tiende a parecerse cada vez más a Portugal. A este paso, la «argentinización» de nuestra economía no será un fenómeno descartable. Allí también creían que estaban nadando en la abundancia y es conocido por todos cómo acabaron.

-¿Qué se debería hacer?

-Para empezar, recortar el gasto público o al menos contenerlo, más cuando en España se engorda la deuda pública para incurrir en gastos torpes o, algo que nos gusta mucho, decorativos. Por no hablar de la deuda periférica: universidades, autonomías, ayuntamientos… Estos últimos se han especializado en crear chiringuitos de empresas públicas que, todas juntas, constituyen un nuevo y ampliado INI. Hay que abordar la reestructuración de los mercados: el de trabajo, que aún se regula por una normativa franquista que disuade al empresario a la hora de contratar y penaliza a los sectores más débiles (mujeres, jóvenes e inmigrantes); el de los arrendamientos, un sector subdesarrollado en un país que tiene decenas de miles de viviendas vacías, y el de los servicios, en su caso promoviendo una liberalización de la competencia en actividades que podrían ser un importantísimo motor de empleo.

-Por ejemplo…

-Dos a bote pronto. ¿Acaso no es ineficiente tener cerrados los hipermercados y centros comerciales el día de la semana que más llenos estarían? Libertad de horarios comerciales, por tanto. O el caso de las gasolineras, ya que tienen un generoso margen comercial del 13 por ciento, lo menos que se puede exigir es que abran veinticuatro horas, que tengan personal para hacer los repostajes y que los aseos estén presentables.

-¿Más sugerencias?

-La nacionalización de las cajas de ahorro para conseguir que sirvan al interés general y no al de una minoría o meterle mano a la excesiva burocracia en vez de alentarla con políticas que multiplican el tamaño de los servicios públicos.

-Y las medidas anticrisis del Gobierno, ¿qué le parecen?

-Tan malo es eludir lo que se debiera hacer como hacer lo que no debiéramos. Las tres premisas de la acción del Gobierno son incrementar el gasto público, dar apariencia de modernidad -algo que nos encanta- y no pisar los callos a nadie. Y, claro, así no se va a ningún lado. También se abordan inversiones tangibles tan cuestionables como las nuevas terminales de los aeropuertos de Madrid y Barcelona o una red ferroviaria de Alta Velocidad que, como se dice en Asturias, peca de «grandona». Pero aún se pueden hacer peor las cosas: ahí está el «Plan E»; me imagino que luego vendrán los planes F, G, H y así sucesivamente.

-¿Algún motivo para el optimismo?

-La Bolsa va bien, y eso parece indicar que está descontando la expectativa de próximas reformas ineludibles. Y, sobre todo, la calidad del individuo. España, con el caldo de cultivo más inadecuado para ello por todo lo antes expuesto, da al mundo gente como Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso… Fuera de nuestras fronteras se frotan los ojos incrédulos y se preguntan cómo puede ser esto posible. Pues aprendamos de ellos y de lo que tienen en común: son competitivos, tienen carácter y espíritu ganador, no han tenido barreras de entrada a su sector excepto las propias de la competencia, «trabajan» en un régimen de igualdad de oportunidades sometidos a reglas estables y, lejos de andarse con provincianismos, tienen miras universales.

Fuente: “En España no hay una crisis, sino tres: la económica, la institucional y la de valores “, Entrevista al diario La Nueva España, Francisco L. Jiménez (21 de julio de 2009, p. 24).

Más información: Conferencia de La Granda, 20 de julio, 2009.

6 pensamientos en “Las crisis españolas

  1. Me puede explicar a qué se refería exactamente en la entrevista con “nacionalización de las cajas de ahorro para conseguir que sirvan al interés general y no al de una minoría”.

    • Con mucho gusto. Fue un juego de palabras, una expresión mía desafortunada, dada la necesidad del entrevistador de resumir en un frase corta, pues se trata de una idea demasiado enrevesada para meter en una frase. Quería enfatizar que las cajas habían sido “privatizadas” de la peor manera posible: estaban en manos de unos políticos que ni siquiera eran sus dueños, sólo las disfrutaban por un tiempo, por lo cual tenían malos incentivos. Én términos más técnicos: los derechos de propiedad estaban mal definidos. En ese contexto, “nacionalizar” equivaldría a hacer que respondieran al interés público; y el medio para lograrlo, obviamente, era su privatización. Mi postura queda clara en este artículo de la misma época:

      “Igual sucede con las cajas de ahorros. A los avalistas les preocupan, con razón, sus agujeros negros, y quieren aclararlos cuanto antes. Para ello, lo fácil es rescatar o fusionar todas las insolventes. Sin embargo, lo razonable sería privatizarlas o cerrarlas. Pero Europa no va a guiarnos por el buen camino. Le importa poco que distorsionemos aún más la competencia salvando cajas quebradas e ineficientes o que, en un alarde de injusticia, premiemos con retiros dorados a sus directivos y empleados” (“Los incentivos del Protectorado Ibérico“, Expansión, 7 de junio de 2010, p. 55).

  2. Los incentivos del Protectorado Ibérico

    Hace ya varias semanas que a España sólo le dan crédito, y cada vez más caro, con el aval de sus vecinos europeos. Muchos se alegran de este protectorado económico, al creer que por fin tendremos una política económica sensata. Olvidan que Europa es un modelo defectuoso, que sus principales líderes apenas si entienden el mercado, y, sobre todo, que nuestros protectores tienen sus propios intereses.

    Obviamente, los avalistas mandan, y sus prioridades son contener el daño a sus bancos, que son nuestros principales acreedores, y salvaguardar el euro, con o sin nosotros. Quieren, además, asegurarse una quiebra ordenada en caso de que no logremos equilibrar nuestras finanzas.

    Su interés por reformar la economía española está condicionado por esas prioridades ¿Competitividad? Sí, pero sólo en la medida necesaria para cobrar, pues son acreedores y no propietarios. No les molesta que adoptemos medidas ineficientes si aseguran nuestra solvencia. Tampoco les preocupa si medidas populistas como las que ha ido adoptando Alemania al prohibir las ventas al descubierto espantan a los inversores, aunque ello encarezca nuestro endeudamiento.

    En suma, sus intereses no coinciden del todo con los nuestros. Quizá defiendan un paquete completo de reformas; pero, al exigir su cumplimiento, sólo insistirán en las que protejan sus intereses como acreedores.

    Por ejemplo, hay dos maneras de frenar el gasto público: reduciendo salarios o reestructurando organismos. Acreedores y avalistas prefieren reducir salarios porque es más rápido, menos conflictivo y, por tanto, más seguro. Pero como deudores y “dueños” deberíamos buscar medidas eficientes. El sector público español necesita cerrar departamentos y reducir empleo; sobre todo, eliminar multitud de puestos inútiles, en vez de comprimir aún más el estrecho abanico salarial de los funcionarios de carrera. Hay que cerrar Ministerios, televisiones y más de una universidad; pero, sobre todo, miles de “chiringuitos” creados al margen del Derecho Administrativo sólo para aprovecharse de una mayor discrecionalidad. El que estos chiringuitos descontrolados estén quedando fuera del recorte salarial decidido por el Gobierno demuestra ya la importancia de este sesgo hacia el recorte ineficiente.

    Igual sucede con las cajas de ahorros. A los avalistas les preocupan, con razón, sus agujeros negros, y quieren aclararlos cuanto antes. Para ello, lo fácil es rescatar o fusionar todas las insolventes. Sin embargo, lo razonable sería privatizarlas o cerrarlas. Pero Europa no va a guiarnos por el buen camino. Le importa poco que distorsionemos aún más la competencia salvando cajas quebradas e ineficientes o que, en un alarde de injusticia, premiemos con retiros dorados a sus directivos y empleados.

    De modo similar, nuestros avalistas impondrán una reducción radical del gasto en pensiones. Será una mera redistribución, cuando lo único que evitaría futuras recaídas sería un replanteamiento fundacional del sistema de reparto, que lo llevase hacia un sistema regulado con capitalización individual. Por desgracia, como las anteriores, no es ésta una batalla en la que vaya a ayudarnos Europa.
    En suma, se nos impondrán medidas que reducirán el gasto pero que sólo repartirán la escasez. Por imprescindibles que ahora sean, lejos de mejorar, pueden incluso empeorar los incentivos de los españoles. Con suerte, son un parche para salir del atolladero; pero no garantizan el crecimiento ni la convergencia. Es más, puede que los comprometan, sobre todo si los políticos insisten en potenciar la retórica de la envidia.

    En el fondo, el problema de España y de los demás estados europeos sin crédito (excepto Italia, por el carácter nacional de sus endeudamiento) es que, a diferencia de los leveraged buyouts empresariales, los que mandan son meros avalistas y tienen pocas “acciones” en nuestro bienestar futuro. Siguiendo el símil del LBO, deberíamos regalarles un paquete de opciones ligadas a nuestro crecimiento.

    Aquellos con el poder de decidir deben tener incentivos para que los países más endeudados adopten políticas ambiciosas de reforma. Para ello, no basta con redistribuir el poder de decisión dentro de la Unión Europea o del Eurogrupo en proporción inversa a la solvencia de los Estados miembros. No basta con reformar el “gobierno corporativo”; habría que reformar también la “estructura de capital”. Una opción recuperable es emitir deuda pública indexada al crecimiento del PIB, aprovechando la estandarización y creciente supervisión europea de la contabilidad nacional. Otra, más simple, venderles activos. Algunos han empezado a bromear con las islas, pero no es la solución: su valor no está muy ligado al del conjunto del país. Sería mejor venderles cajas de ahorros, en vez de mantener su control político mediante fusiones-parche. No sólo mataríamos dos pájaros de un tiro, sino que evitaríamos que, como es de esperar, vuelvan a ser insolventes en unos pocos años.

    (Artículo publicado en Expansión, 7 de junio de 2010, p. 55).

  3. España en el espejo

    Los políticos de los estados europeos más débiles tildan de “especuladores” a aquellos inversores que, tras convencerse de que dichos estados serán incapaces de pagar sus deudas, se niegan a prestarles más dinero, piden una prima mayor por asegurar esas deudas y fuerzan, como acabamos de ver, mecanismos de rescate preventivo.

    Olvidan nuestros políticos que dos no contratan si uno no quiere. Tanto el tipo de interés como la prima del seguro de impago (los credit default swaps, o CDS) son fruto del cruce de numerosas ofertas y demandas, y no de transacciones unilaterales. Ambos resultan de contratos entre dos tipos de inversores con expectativas opuestas: los unos, pesimistas, esperan ganar dinero si el deudor empeora su situación o acaba siendo insolvente; pero los otros, optimistas, esperan ganarlo si aquel mejora o se mantiene solvente. La prima de seguro, al igual que el tipo de la deuda, sólo es un subproducto de esas transacciones: de cuántos miles de inversores haya de cada tipo y de cuáles sean sus expectativas acerca de la solvencia del país.

    Estas expectativas no son caprichosas. No es casualidad que los países puestos en la picota sean, de entre los más endeudados, los que cuentan con instituciones más débiles, ciudadanos menos preparados y una historia más conflictiva: los que suelen ser menos capaces de afrontar sus problemas. Y la formación de esas expectativas tampoco es fácil de manipular. Desde luego, no mejoran porque un Estado pague miles de anuncios en la prensa financiera con el eslogan “In Spain We Trust”, como si estuviera promocionando el sol de sus playas.

    Además, a diferencia de muchos votantes, los inversores no se dejan engañar por trucos estadísticos, como el maquillaje de las cifras de paro; o por sutilezas contables, como el valorar hipotecas a precio histórico; o incluso por diferencias menores, como el que, hoy por hoy, la mayor parte de la deuda española sea aún privada y no pública. Los inversores intuyen cuál es el paro real; saben que las hipotecas se liquidan a precio de mercado; y temen que la devolución de la deuda, tanto privada como pública, acabe recayendo en los contribuyentes, dada la afición del Estado a rescatar todo tipo de insolventes.

    Se fían aún menos de los que gastan hoy lo que no tienen, prometiendo ser austeros en el futuro. Aunque no duden de su buena voluntad al prometer, sí dudan de su capacidad para cumplir. Por eso exigen señales; y no hay señal más eficaz que aplicar medidas políticamente costosas, tanto más costosas cuanto más se retrasan.

    Ciertamente, los mercados padecen modas y seguidismos. Aunque elijan la presa más fácil, no son cuadrillas de lobos sino rebaños. Por eso han tardado tanto en reevaluar a la baja las deudas de la Europa meridional. Por eso debemos darnos prisa, pues ese seguidismo, que hasta ahora había retrasado la rebaja de nuestra deuda, ha empezado a operar en sentido contrario. La protección europea sólo la ha suavizado y ralentizado, pero no se detendrá si no demostramos ser capaces de reducir de raíz el gasto público y eliminar los lastres institucionales que nos impiden crecer.

    Hacer creíble esa capacidad también requiere demostrar que por fin comprendemos la situación, aceptando que somos sus principales responsables y los únicos que podemos remediarla. Nada peor en este sentido que intentar matar al mensajero de malas noticias, olvidando que es el mismo a quien creíamos a pies juntillas cuando, hace pocos años, nos traía buenas noticias. Los mercados y los operadores son los mismos, pero hoy nos exigen medidas dolorosas; y, en lugar de escucharles, nuestros líderes están tentados a echarles la culpa. Sería un error irreparable.

    Los “especuladores” de hoy son los mismos inversores de ayer, muchos de ellos acreedores nuestros que, simplemente, se han vuelto pesimistas y han dejado de darnos crédito. Y, cuando alguno de nuestros políticos quiere aplicarles el código penal, les está dando la razón. Deteriora así las expectativas de todo tipo de inversor, dañando gravemente nuestra reputación como deudores. Lo que necesitamos es justamente lo contrario: convencerles de que su pesimismo es infundado. Pero ¿qué acreedor confiará mañana en nosotros si hoy le acusamos de ser un criminal porque, a la vista de nuestro derroche, ha osado dudar de que seamos solventes?

    Semejantes propuestas de criminalizar al mensajero también dañan la opinión que merecemos a los inversores optimistas. Muchos dejarán de confiar en nosotros y empezarán a hacer caso a los pesimistas. Pensarán que todo deudor tiene interés en mostrarse optimista, pues opina de boquilla, mientras que todos los inversores opinan con su cartera. Quizá por eso nada les suscita más desconfianza que un deudor patológicamente optimista. Saben que le cuesta afrontar la realidad; temen que use sus propias especulaciones (“sutilezas o hipótesis sin base real”) para excusar sus errores; y que incluso llegue a creérselas, lo que le llevaría a nuevos errores.

    Por todo ello, los inversores que aún confían en España dejarán de hacerlo si nuestros gobernantes se empeñan en matar al mensajero. Como tampoco lo harán los políticos europeos que este fin de semana, a regañadientes, “invirtieron” en España, aplazando así nuestro descalabro. Aprovechar la oportunidad de ese breve aplazamiento requiere autocrítica, no chivos expiatorios.

    Artículo publicado en Expansión (15 de mayo de 2010)

  4. Explotación y empleo a largo plazo

    Correo recibido el 21 de julio de 2009:

    “he leído una noticia sobre unas declaraciones tuyas de importar el modelo laboral japones, fijar empleo gracias a un despido fácil y unas ridículas vacaciones..tu nunca debiste estar currando en una fábrica? que facil es hablar, me gustaría que te vieses allí y luego despues de estar siete días sin descansar,volvieses a repetir esas palabras delante de los compañeros, con la funda llena de mierda…más trabajo y menos derechos..

    (joven en prácticas sin ver un puto duro..)”

    Las relaciones laborales japonesas son a menudo objeto de juicios apresurados e información engañosa, de la cual la noticia a la que se refiere el correo es un buen ejemplo. Para entendernos, esas relaciones se parecen a las que ha seguido durante años “El Corte Inglés” respecto a sus empleados permanentes: compromiso del trabajador a cambio de un trato paternalista por parte de la empresa, junto con una retribución muy creciente con los ascensos y el rendimiento. Todo ello es compatible con poderosos sindicatos de empresa , que supervisan estrechamente las decisiones de ascenso y, por tanto, de retribución.

    Expuse mi opinión sobre el asunto hace años (“Pintando la caja negra“), y creo que m¡ conclusión de entonces sobre lo que esas relaciones laborales nos enseñaban respecto al problema español sigue siendo válida: Los empleos a largo plazo que favorecen la inversión en capital humano son viables dentro de un régimen libre, de contratos relacionales, como el de Japón. Por el contrario, son inviables en un régimen de empleo permanente por decreto, como el español. Simplemente, dos no contratan si uno no quiere. Y cuando la permanencia es obligatoria, se contrata menos trabajo y se selecciona más a quién se contrata, lo que acaba condenando a los menos favorecidos al paro; o a trabajar con contratos temporales que, al no ser prorrogables, les impiden aprender.